Tras la horrorosa y cruel muerte de Alejandro Águila (12) en San Bernardo a manos de delincuentes, autoridades barajan medidas más estrictas y severas con menores de edad. Cabe destacar que, en el mencionado caso, 3 de los 6 imputados tienen menos de 18 años.

De este modo, el Gobierno alista una serie de modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Según consignó La Tercera, las conversaciones han sido encabezadas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quienes analizan fórmulas para endurecer la respuesta penal en los hechos de mayor gravedad.

Uno de los principales antecedentes que se está revisando es una moción parlamentaria presentada en 2022 por el actual senador Andrés Longton, de Renovación Nacional.

La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y quedó lista para ser votada en general en la Sala del Senado. A diferencia de otras propuestas que buscan modificar la edad de imputabilidad, el proyecto apunta a cambiar las reglas que actualmente permiten rebajar las penas de adolescentes entre 14 y 17 años, grupo donde se concentra una parte importante de los delitos cometidos por menores.

“Que los menores de edad que le quitaron la vida a Alejandro hayan estado en libertad a pesar de los sucesivos delitos violentos que habían cometido revela que no solo las penas sino que las reglas dentro determinación de las mismas son permisivas y excesivamente garantistas”, afirmó Longton.

De este modo, se busca un mecanismo de transferencia judicial para que menores de entre 16 y 17 años puedan ser juzgados bajo las reglas del sistema penal adulto en delitos graves como homicidio, uso de artefactos explosivos o secuestro.

Una potestad que no sería automática y que le competería al Ministerio Público, siendo resuelta por un juez en una audiencia especial donde también participe la defensa. Se tomará en consideración la gravedad del delito, el historial delictivo, el riesgo para la sociedad del imputado y su nivel de participación en el hecho delictual.

Se incluye además la reincidencia en mayores de 14 años y el traslado a cárceles de adultos de antisociales que cumplan 18 años mientras estén cumpliendo penas.